Inmobiliaria Sagaro demanda a municipalidad de Tierra Amarilla
CONFLICTO. Recurso pretende obligar al consistorial a comprar los terrenos de La Florida, independiente del futuro del proyecto habitacional.
La empresa Sagaro, propietaria de los polémicos terrenos de la Florida, presentó una demanda en contra de la municipalidad de Tierra Amarilla, con la intención de hacer efectivo un contrato firmado el 19 de octubre del 2016 entre las partes.
En dicha oportunidad el alcalde Osvaldo Delgado y José Ernesto Esquivel, propietario del terreno, acudieron hasta la notaría con el fin de suscribir un «Convenio sobre adquisición de inmuebles», para la próxima compra.
EL CONTRATO
En esa línea el documento firmado entre las partes establece detalladamente las propiedades y el costo de cada uno de los cuatro lotes, por un total de UF 261.516, equivalente a más de $6 mil millones.
En dicho contrato se señala que «la Municipalidad expresa formalmente su intención, compromiso y asume la obligación en que con cargo a los recursos comprometidos para financiar el fondo (…) se materialice la compra y la adquisición de las propiedades».
Asimismo el contrato establece que «Sagaro Spa se obliga a implementar las medidas necesarias para efectos de que cualquier futuro adquiriente de los inmuebles, ratifique y tome sobre sí los efectos de este convenio (…) se obligue a vender y transferir las propiedades», se lee.
De igual forma se establece que la compra de los inmuebles se debía concretar el pasado 31 de enero. Un convenio en el que figura como firmante el propio Osvaldo Delgado Quevedo, en representación de la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla.
LA DEMANDA
Sin embargo, tras la serie de pronunciamientos de las diversas autoridades regionales que prohibieron la construcción de viviendas en el sector, la compra no se logró materializar.
Razón que llevó a la inmobiliaria a exigir el «cumplimiento forzado del contrato prometido, esto es, de la obligación que por el contrato asumió la demandada: suscribir el contrato de compraventa», dicho de otra manera, se pretende obligar a que el municipio compre dichas propiedades, independiente del futuro que pueda tener el proyecto inmobiliario, que hoy se encuentra en punto muerto.
A esto se suma la exigencia de cancelar una multa por los perjuicios que la empresa acusa haber sufrido, debido a la paralización del contrato.
CONCEJO
Desde el interior del concejo municipal ven con recelo el proceso en que se ve envuelto el consistorial, debido a que este se habría concretado a espaldas de la entidad.
En esa línea el concejal Mario Morales señaló que «nuevamente nos encontramos con una irregularidad, referente a que el alcalde, vía su administrador, comprometieron (…) comprar estos terrenos sin la venia del concejo» y agregó que «se demuestra que esta municipalidad no estaba llevándose, o no se está llevando de la mejor manera posible», finalizó Morales.
Asimismo el concejal Cristóbal Zúñiga destacó que «ha sido una irresponsabilidad de parte del alcalde tomar un acuerdo de esta naturaleza sin el consentimiento del concejo municipal. Es más, la ley es clara en que se necesita un acuerdo de concejo para realizar un compromiso de compra venta», sentenció.
LA LEY
En esa línea la ley orgánica municipal establece en el artículo 65, que el alcalde requiere contar con el respaldo del concejo para poder » adquirir, enajenar, gravar, arrendar por un plazo superior a cuatro años o traspasar a cualquier título, el dominio o mera tenencia de bienes inmuebles municipales o donar bienes muebles».
Además señala que «celebrar los convenios y contratos que involucren montos iguales o superiores al equivalente a 500 Unidades Tributarias Mensuales, y que requerirán el acuerdo de la mayoría absoluta del concejo».
Sin embargo, y consultado con expertos en la materia, cabe mencionar que dichas restricciones fueron agregadas en una modificación en la normativa recién el año 2016, mismo periodo en que se realizó la firma del contrato con la inmobiliaria.
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Fuente: Diario Atacama / Nicolás Hinojosa Jorquera
